Ley de transporte terrestre

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Contenido

LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE

DECRETO No. 319

Reglamento General de la Ley deTransporte Terrestre
ACUERDO No. 200

REFORMAS
DECRETO No. 160-86

CAPITULO I: SERVICIO PÚBLICO

Artículo 1. El transporte terrestre remunerado, en vehículos automotores, constituye un servicio público del Estado, que podrá ser prestado directamente por éste o por personas naturales o jurídicas a quienes expresamente autorice, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.

La aplicación de la presente Ley compete a la Secre¬taría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, por medio de la Dirección General de Transporte. Sus disposi¬ciones son de orden público y obligan a todas las perso¬nas; y, en consecuencia, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares.

Artículo 2 El transporte terrestre no remunerado, estará sujeto a las disposiciones de esta Ley en lo que le fuere aplicable.

Los alcances y modalidades de esa aplicación se determinarán en el reglamento.

Artículo 3 Se reserva exclusivamente a las personas naturales o jurídicas hondureñas, de interés público o parti¬cular, el derecho de prestar el servicio de transporte inter¬no, debiendo organizarse profesionalmente al efecto, salvo los casos expresamente establecidos por la Ley.

El servicio tendrá como finalidad, la eficiencia y eco¬nomía en beneficio del usuario.

Artículo 4 Con el fin de disminuir el costo del servi¬cio o promover el establecimiento de éste, donde no existe o sea insuficiente, las Secretarias de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte y de Hacienda y Crédito Público, podrán conceder a las empresas de transporte, los siguientes incentivos:

a) Franquicia aduanera sobre la importación de vehí¬culos, motores, maquinaria, herramientas, equipos y acce¬sorios que se requieran para la necesaria operación de los vehículos; y,
b) Franquicia aduanera sobre materiales de construc¬ción que necesiten importar para construir sus terminales.

Cuando el interés turístico lo demande, intervendrá además, la Secretaría de Cultura, Turismo e Información.

Artículo 5 El servicio internacional de pasajeros y carga se regulará por la presente Ley y sus reglamentos, por los respectivos convenios y por el principio de equitativa reciprocidad.

Artículo 6 La circulación de los vehículos automo¬tores por calles, carreteras y caminos, estará sujeta a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos y a los tratados o convenciones internacionales ratificados por el Gobierno de Honduras.

Artículo 7 La Dirección General de Transporte auto¬rizará al Concejo Metropolitano del Distrito Central, a las Municipalidades, y en su defecto a las demás personas jurídicas o naturales, para que instalen y operen las esta¬ciones terminales necesarias conducentes a la prestación de un mejor servicio.

Artículo 8 El Poder Ejecutivo, cuando lo estime conveniente al interés público, regulará las tarifas del trans¬porte de carga.

CAPÍTULO II: DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Artículo 9 La Dirección General de Transporte tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Ejecutar la política en materia de servicios de trans¬porte que haya sido fijada por el Poder Ejecutivo;

b) Proponer al Titular del Ramo, directrices para la fija¬ción de la Política en materia de servicios de transporte;

c) Regular los servicios de transporte de pasajeros y carga y velar porque estos se presten en las mejores condiciones de continuidad, regularidad, eficiencia, segu¬ridad, comodidad e higiene;

d) Otorgar, modificar y renovar los permisos de explo¬tación de servicios de transporte, asi como proceder a su cancelación, en su caso:

e) Vigilar y evaluar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los certificados de explotación y permisos que se otorguen

f) Clasificar las rutas, establecer categorías de servicio y autorizar la instalación y funcionamiento de terminales;
g) Proponer al Ministerio del Ramo, las tarifas y sus modificaciones sobre la explotación del servicio de trans¬porte de pasajeros. Las tarifas para empresas de transpor¬te, que se relacionen directamente con la actividad turística, deben proponerse de común acuerdo con la Secretaría de Cultura, Turismo e Información.

h) Nombrar, cuando lo juzgue conveniente, comisiones mediadoras para lograr el avenimiento de las partes en los conflictos de transporte;

i) Establecer los itinerarios, horarios y condiciones de explotación del servicio;

j) Fomentar la cooperación de los empresarios del transporte y asesorarlos para mejorar y racionalizar el servicio;

k) Reglamentar y fiscalizar los pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos automotores;

1) Excitar a la Dirección General de Tránsito, para que suspenda la operación de los vehículos que no reúnan condiciones de seguridad, higiene y eficiencia;

m) Practicar, para los fines de la Ley, inspecciones en las fábricas de vehículos automotores, ensambladoras, casas o agencias distribuidoras, así como en los centros de aprendizaje para conductores, talleres de reparación y gasolineras, e informar en su caso, a la autoridad compe¬tente, las irregularidades encontradas de conformidad con la reglamentación que se emita al efecto;

n) Proponer al Titular del Ramo, la organización adminis¬trativa y técnica de la Dirección;
o) Proponer al Titular del Ramo, la contratación de la asistencia técnica necesaria;

p) Presentar al Titular del Ramo, el informe anual de labores y el anteproyecto de presupuesto; y,

q) Las demás que le otorguen las leyes y los regla¬mentos.

Artículo 10. La Dirección General de Transporte regla¬mentará la instalación de servicios auxiliares, dependencias y anexos que sean necesarios para la comodidad y segu¬ridad del público.

Artículo 11. La Dirección General de Transporte autorizará el establecimiento de estaciones de combus¬tible.

El reglamento determinará los requisitos y condiciones para su instalación y los servicios mínimos que deban prestarse.

CAPÍTULO III: DEL COMITÉ AUXILIAR DEL TRANSPORTE TERRESTRE

Artículo 12. Se establece un Comité Auxiliar del Transporte Terrestre, cuyas funciones serán las de facilitar la participación de los organismos públicos, usuarios, trabaja¬dores y empresas del transporte terrestre, en el logro de los objetivos de esta Ley, así como de cooperar con la Dirección General de Transporte en el cumplimiento de sus atribuciones.
El Comité Auxiliar estará integrado por:

a) El Director General de Transporte;

b) Un funcionario de la Secretaría de Gobernación y Justicia;

c) Un funcionario de la Secretaría de Economía;

d) Un funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

e) Un funcionario de la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública;

f) Un funcionario de la Secretaría de Cultura, Turismo e Información;

g) Un funcionario de la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Planificación Económica;

h) Un funcionario de la Comandancia General de la Fuerza de Seguridad Pública;

i) Un representante de las Asociaciones de Usuarios del Transporte Terrestre de Personas;

j) Un representante de las Asociaciones de Usuarios del Transporte de Carga;

k) Un representante de las Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte Terrestre;
1) Un representante de las Asociaciones Cooperativas del Transporte Terrestre;
m) Un representante de las Sociedades Mercantiles del Transporte Terrestre y,
n) Un representante de las Asociaciones Patronales del Transporte Terrestre.

Artículo 13. Los representantes referidos en los incisos de h) al n) serán nombrados por la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, de las ternas que le propondrán las entidades respectivas, por un período de dos años, pudiendo ser ratificado por un nuevo período.

La referida Secretaría excitará a dichas organizaciones para que en el término de treinta (30) días presenten las ternas a que se refiere el párrafo anterior. Si dentro del plazo señalado las organizaciones citadas no presentaren las ternas mencionadas, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Publicas y Trans¬porte, hará los nombramientos correspondientes.

Artículo 14. El Director General de Transporte, presi¬dirá y coordinará las actividades del Comité Auxiliar del Transporte Terrestre, quien tendrá voto de calidad.

Artículo 15. Son atribuciones del Comité Auxiliar:

a) Cooperar con la Dirección General de Transporte en la solución de los conflictos de transporte que pudieran surgir; y,
b) Asesorar a la Dirección General de Transporte en
los casos en que se lo solicitare.

Artículo 16. Las personas que integren el Comité Auxiliar desempeñarán sus funciones ad-honorem.

CAPITULO IV: PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 17. Las personas naturales y jurídicas, presta¬rán el servicio, objeto de esta Ley, mediante certificado de explotación o permiso de explotación.

El certificado de explotación será emitido por el Poder Ejecutivo y, el permiso, por la Dirección General de Trans¬porte.

Artículo 18. El certificado de explotación y el permiso se otorgarán, en igualdad de condiciones, a los hondu¬reños por nacimiento y, a las personas jurídicas en cuyo capital social predomine la inversión de capital nacional. En todo caso, el capital netamente hondureño no podrá ser inferior al cincuenta y uno (51%) por ciento del capital social.

El reglamento determinará los requisitos y trámite de las solicitudes correspondientes.

Artículo 19. Salvo los casos previstos por la Ley, no se podrá enajenar a ningún título, los certificados de explo¬tación y permisos y los derechos y acciones por ellos conferidos.
En caso de fallecimiento o de incapacidad sobrevi¬niente del titular de los mismos, sus herederos o quienes por la Ley obtengan la propiedad o posesión de los
bienes destinados al servicio, podrán continuar gozando de la explotación, si acreditan tener aptitud para ello, y reúnan los demás requisitos establecidos por la Ley y sus reglamentos; en caso contrario, se cancelará el certificado de explotación o permiso.

Artículo 20. En los Acuerdos de certificados de explo¬tación y en los permisos, se establecerán las condiciones básicas en que se prestarán los servicios al público.

En cualquier tiempo el Poder Ejecutivo podrá modificar dichas condiciones cuando lo demande el interés público.

Artículo 21. Las personas que, dentro del giro normal de sus actividades necesitaren servicios de transporte, deberán obtener permiso especial otorgado por la Dirección, para realizarlo con sus propios medios y elementos, debiendo en todo caso, limitarlo a sus propios productos o artículos y a las necesidades racionales de sus operaciones.

Artículo 22. Los titulares de certificados de explota¬ción y de permisos, con la autorización de la Dirección General de Transporte, y de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y sus reglamentos, podrán:

a) Celebrar contratos relacionados con las operaciones autorizadas en los certificados de explotación y en los permisos. Tratándose de servicios normales y ordinarios, las empresas deberán someter a la aprobación de la Dirección, los contratos de adhesión que serán utilizados en sus relaciones con el público;

b) Operar con otras empresas legalmente establecidas, toda vez que con ello se tienda a prestar un mejor servicio

c) Establecer en beneficio de los usuarios, en las condiciones que la Dirección determine, todos aquellos servicios y facilidades que, sin ser indispensables para el transporte, sean conexos con el mismo.

Artículo 23. Los nacionales podrán operar servicios internacionales de transporte por sí, o en combinación con empresas extranjeras, debiendo celebrar al efecto los respec¬tivos convenios que serán sometidos a la aprobación de la Dirección General de Transporte.

Artículo 24. Los interesados, antes de iniciar sus operaciones, deberán presentar en la Dirección General de Transporte, el comprobante de haber pagado en la Tesore¬ría General de la República los derechos de emisión del certificado de explotación o permiso.

Los derechos de emisión de los certificados de explota¬ción y permisos, serán fijados en el respectivo reglamento.

Artículo 25. Para que no sufra menoscabo el servicio de transporte público de personas, los vehículos automo¬tores destinados al mismos, no podrán ser usados para fines distintos de los establecidos en el certificado de explotación o permiso, ni para los particulares del titular ~ de otras personas, salvo caso de urgencia u otros califi¬cados por la Dirección.

CAPÍTULO V: CERTIFICADO DE EXPLOTACIÓN

Artículo 26. El certificado de explotación se otorgará para prestar los servicios de transporte siguientes:

a) De personas

b) De personas y Carga

En el reglamento se establecerán las categorías, caracte¬rísticas y modalidades de cada uno de esos servicios.

Artículo 27. El certificado de explotación se otorgará por un período de diez años. El reglamento determinará los requisitos y condiciones para su otorgamiento.

Artículo 28. Para el otorgamiento del certificado de explotación, se tomará en cuenta la calidad del equipo, servicios auxiliares, las facilidades conexas o adicionales que el interesado comprometa destinar a la actividad del transporte, así como las circunstancias que garanticen la prestación de un servicio eficiente al público.

En igualdad de condiciones, se preferirá a quien en el período inmediato anterior haya operado la línea de que se trate y hubiere cumplido con los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y su reglamento.

Artículo 29. Los miembros del Comité Auxiliar, el Director y sus empleados de confianza, el cónyuge y demás parientes de éstos, dentro del cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad, no podrán obtener, por si o por interpósita persona, certificado de explotación o permiso.

Los funcionarios y empleados del Ramo se abstendrán de conocer y decidir los asuntos en que tuvieren interés; la contravención de esta prohibición producirá nulidad en todo lo actuado.

Artículo 30. Son obligaciones del titular de un certifi¬cado de explotación:

a) Cobrar por sus servicios conforme las tarifas apro¬badas;

b) Realizar el transporte en todas las rutas especifica das en el certificado de explotación, y efectuar los reco¬rridos según los horarios aprobados;

c) Destinar al servicio, las unidades que satisfagan las condiciones de seguridad, capacidad, higiene y demás especificaciones que con relación a cada clase de servicio determinen esta Ley, sus reglamentos y la Dirección;

d) Combinar y coordinar sus servicios con los de otras entidades similares, según lo disponga la Dirección General;

e) Sustituir los vehículos automotores que temporal o definitivamente retiren del servicio, por otros que reúnan las condiciones especificadas en el inciso c) de este artículo;

f) Proporcionar a la Dirección los informes, datos esta¬dísticos, estados financieros y demás atinentes al servicio; y,

g) En general, las que establezcan las leyes y disposi¬ciones reglamentarias.

CAPÍTULO VI: PERMISOS DE EXPLOTACIÓN

Artículo 31. Requieren permiso de la Dirección Ge¬neral de Transporte:
a) Los servicios de carga en general;

b) El servicio que presten en vehículos propios o contratados, los establecimiento educativos, organizaciones deportivas, sociales, sindicales, de beneficencia, turísticas y de hoteles, en actividades específicas y propias de sus finalidades de conformidad con lo establecido en el reglamento

c) El servicio que haya de prestarse entre aquellos puntos en que no existan rutas establecidas

d) El transporte que, en razón de su reducida importan¬cia o, de sus modalidades particulares, no amerite el otorgamiento de certificado de explotación, ajuicio de la Dirección General.

Artículo 32. Cuando surgiere demanda extraordinaria de servicio de transporte de personas, la Dirección del Ramo, para atenderla satisfactoriamente, podrá conceder permisos especiales, prefiriendo, en igualdad de condi¬ciones, a los transportistas de las líneas regulares estable¬cidas en la ruta de que se trate, o en su defecto a los de otras líneas.

Artículo 33. Los permisos se concederán por cinco años, contados a partir de la fecha de su expedición. El titular iniciará la prestación del servicio dentro de los treinta días siguientes previo cumplimiento de lo previsto en el Artículo 35 de esta Ley. Los permisos podrán renovarse por la autoridad competente.

Artículo 34. Los titulares de permisos que presten servicio de transporte público de personas, cumplirán además de las obligaciones consignadas en el permiso, con las establecidas en el artículo 30 de la presente Ley. Los que presten servicio de carga, solamente estarán obliga¬dos a cumplir con las indicadas en las letras c) y d) del citado artículo 30

CAPÍTULO VII: CERTIFICADO DE OPERACIÓN

Artículo 35. Los titulares de certificados de explotación y de permisos, antes de iniciar sus actividades, someterán al examen de los expertos de la Dirección General de Trans¬porte, los vehículos automotores que se destinarán al servicio, para determinar si reúnen los requisitos de segu¬ridad, comodidad y demás que exige un servicio eficiente.

Si la Dirección estima que no se llenan a satisfacción tales requisitos, señalará al interesado un plazo de treinta días, para que los satisfaga, con la advertencia que de no hacerlo se le cancelará el permiso y se gestionará la can¬celación del certificado de explotación. Dicho plazo podrá prorrogarse a juicio de la Dirección General de Transporte.

Cumplidos los requisitos indicados, la Dirección exten¬derá el correspondiente certificado de operación, que habilita para la prestación del servicio.

Artículo 36. En el certificado de operación, se consig¬narán los siguientes datos: número de registro del certificado de explotación o permiso, ruta autorizada, categoría del servicio, fechas de vencimiento del certificado de operación y del seguro, característica del vehículo automotor y demás datos pertinentes, a juicio de la Dirección General de Transporte.

Artículo 37. Por cada vehículo automotor destinado al servicio de transporte, se extenderá un certificado de operación, cuya duración será de un año, debiéndose renovar a su vencimiento.

El certificado de operación deberá llevar adherido un timbre por valor de cinco lempiras, a favor del Estado.

Artículo 38. Ninguna unidad de transporte público, podrá circular sin certificado de operación, que deberá exhibirse en lugar visible de la cabina del vehículo, so pena de multa de cincuenta lempiras (L 50.00), que impondrá gubernativamente la Dirección.

Se prohibe extender certificado de operación provisional

CAPÍTULO VIII: EXTINCIÓN DEL CERTIFICADO DE EXPLOTACION Y DEL PERMISO

Artículo 39. El certificado de explotación y el permiso se extinguen por las siguientes causas:

a) Por la expiración de los plazos de vigencia;

b) Por no iniciar la prestación del servicio de confor¬midad con lo establecido en los Artículos 30 y 33, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 35;

c) Por suspender el servicio total o parcialmente, sin autorización de la Dirección o sin causa justificada debida¬mente acreditada ante la misma;

d) Por enajenar, a cualquier título, algunos de los derechos por ellos otorgados, o los bienes destinados al
servicio salvo los casos autorizados por esta Ley;

e) Cuando el titular pierda la nacionalidad hondureña, o cuando no concurran en las personas jurídicas, los requi¬sitos establecidos en ~ Artículo 18;

f) Cuando se altere la naturaleza o condiciones en que se preste el servicio, sin la autorización de la Dirección;

g) Por grave incumplimiento de las obligaciones im¬puestas por esta Ley o sus reglamentos y las establecidas en el certificado de explotación o el permiso;

h) Cuando se incurra en lo dispuesto en el Artículo 42 de esta Ley;

i) Por renuncia del titular, por causas debidamente justificadas ante la Dirección; y,

j) En general, por las mismas causas que se extinguen los actos administrativos.

La gravedad de la infracción legal a que se refiere la letra g) de este artículo, se tipifica por hechos que atenten contra el orden público y la economía nacional.

Artículo 40. Las personas cuyo certificado de explota¬ción o permiso se haya extinguido por causas imputa¬bles a ellas, quedarán inhabilitadas para obtenerlo nueva¬mente por un plazo de uno a cinco años, atendiendo a la gravedad del caso y a partir de la fecha del acto en que se declare la extinción.

CAPITULO IX: SANCIONES

Artículo 41. Se faculta a la Dirección General de Transporte, para imponer las sanciones que correspondan cuando se cometan las siguientes infracciones:

a) Cuando se preste servicio sin autorización legal, se detendrá el vehículo, el cual será devuelto cuando se haya cancelado la multa de CIEN A UN MIL LEMPIRAS (L 100.00 a L 1.000.00), según la capacidad económica del infractor, y otras circunstancias calificadas por la Dirección

b) Si se modifican los horarios e itinerarios aprobados por la Dirección, se impondrá a los titulares multa de CINCUENTA A CIEN LEMPIRAS (L 50.00 a L 100.00), salvo causas debidamente calificadas por la Dirección;

c) Por no extender boletos a los pasajeros, se impondrá multa de CINCO A VEINTE LEMPIRAS (L 5.00 a L 20.00), salvo las excepciones que determine la Dirección;

d) Los titulares que alteren sin el permiso correspon¬diente, las tarifas autorizadas de pasajeros o carga, serán sancionados con multa de CIEN A UN MIL LEMPIRAS (L 100.00 a L 1.000.00);

e) La salida o la llegada de las unidades de transporte a sus estaciones terminales fuera de los horarios autori¬zados, dará lugar a imponer una multa de hasta CIEN LEMPIRAS (L 100.00), según la gravedad de la infracción; salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente compro¬bados;

f) Los transportistas que efectúen servicios temporales o viajes expresos, sin tener la autorización correspondiente serán sancionados con multa de QUINIENTOS LEM¬PIRAS (L 500.00);

g) Los titulares de certificados de explotación o de permisos, que impidan la inspección de los vehículos automo¬tores destinados al servicio, serán sancionados con la suspensión del certificado de operación de dicho vehículo, hasta por quince días;

h) Los que no rindan los informes a que se refiere esta Ley o que proporcionen datos falsos o inexactos a la Dirección, serán sancionados con multa de CIEN A QUINIENTOS LEMPIRAS (L 100.00 a L 500.00); e,

i) Los extranjeros que se dediquen al servicio interna¬cional de pasajeros y carga, a que se refiere el Artículo 5° de esta Ley, que lo hagan dentro del territorio nacio¬nal, en contravención a lo dispuesto en la presente Ley, sus reglamentos y convenios internacionales, serán sancionados con multa de QUINIENTOS A CINCO MIL LEMPIRAS (L 500.00 A L 5.000.00); sin perjuicio de la detención del vehículo, hasta que se haga efectiva la misma.

Artículo 42. En los casos de comisión por segunda vez, de una infracción de igual naturaleza, se sancionará al titular del certificado de explotación o del permiso, con el doble del valor de la multa, indicada en esta Ley, y si reincidiere en la infracción, podrá la Dirección General de Transporte, suspender temporalmente o declarar la extinción del permiso y, en caso de certificado de explotación, comunicar lo pertinente a la autoridad superior, para los efectos subsiguientes.

Artículo 43. La exacción de las multas se hará gubernativamente y su valor se enterará en la oficina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designe. Los sancionados podrán interponer los recursos administra¬tivos que consideren convenientes para la defensa de sus derechos.

CAPITULO X: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 44. En los vehículos de transporte público colectivo, tendrán derecho a viajar sin costo alguno:

a) Los niños menores de cinco años;

b) Los agentes de la Fuerza de Seguridad Pública, siempre que se trate de un solo beneficiario por viaje, se halle en servicio y se identifique con su respectiva cre¬dencial; y,

c) Los empleados de inspección y control de la Dirección General de Transporte, en las mismas condiciones del inciso anterior.

Artículo 45. Para dedicarse a la prestación de servicios de transporte, las personas naturales deberán cumplir los requisitos que el Código de Comercio exige a los comerciantes individuales.

Artículo 46. Para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a usuarios y terceros, en sus personas y bienes, con motivo del transporte, los titulares del certificado de explotación, o de permiso de explotación deberán contratar un seguro por cuenta del porteador, cuyos alcances y condiciones se fijarán en el reglamento respectivo.

Artículo 47. Todo lo relativo a la vigilancia y seguri¬dad en las carreteras y caminos, protección a personas y en general, al cumplimiento de las normas de tránsito, que no interfieran con las atribuciones asignadas a la Dirección General de Transporte, serán de competencia de las autoridades de Tránsito. Lo anterior es sin perjuicio de la delegación de funciones que en determinados casos pudiese hacer la Dirección General de Transporte a favor de las autoridades de Tránsito.

Artículo 48. El servicio de transporte de turismo será regulado por el reglamento que se emita al efecto.

Artículo 49. El transporte de explosivos, inflamables, com¬bustibles y cualquier otra materia peligrosa, será objeto de una reglamentación especial.

Artículo 50.-Lo no previsto en esta Ley y sus reglamentos, se resolverá por el Código de Comercio, demás leyes vigentes, usos y costumbres sobre la materia y por los principios generales del Derecho.

CAPITULO XI: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 51. Los transportistas que se encontraren prestando servicios de transporte público de personas o carga, tendrán el plazo de seis meses para tramitar los
respectivos certificados de explotación o permisos; gozan¬do de preferencia para la prestación del servicio, aquellos que, al entrar en vigencia esta Ley, lo estuvieren operando.

Perderán este derecho preferentemente, los que no cum¬plan, en el plazo señalado, con lo ordenado en el párrafo.

Artículo 52. Mientras se instalan las estaciones termi¬nales, según lo preceptuado en el artículo 7, se usarán las que indique la Dirección General de Transporte.

Artículo 53. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Trans¬porte, emitirá los reglamentos previstos para la aplicación de la presente Ley.

En tanto se emitan los reglamentos, queda facultada la Dirección General de Transporte, para dictar las disposi¬ciones administrativas que sean necesarias para la aplica¬ción de esta Ley.

CAPÍTULO XII: DISPOSICION FINAL

Artículo 54. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA", quedando derogadas desde esa fecha todas las disposiciones que se le opongan.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, en la Casa de Gobierno a los diecisiete días del mes de febrero de mil novecientos setenta y seis.
El Jefe de Estado,

JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO.

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia,
Alonso Flores Guerra.

El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores,
Roberto Perdomo Paredes.

El Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y Seguridad Pública,
Mario Enrique Chinchilla Cárcamo.

El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública,
Lidia Williams de Arias.

El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público,
Porfirio Zavala Sandoval.
El Secretario de Estado en el Despacho de Economía, J. Vicente Diaz.

El Secretario de Estado en el Despacho de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte,
Mario Flores Theresin.
El Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública y Asistencia Social,
Enrique Aguilar Paz.

El Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Previsión Social,
Enrique Flores Valeriano.
El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales,
Rafael Leonardo Callejas.
El Secretario de Estado en el Despacho de Cultura, Turismo e Información,
Efraín Lisandro Gonzáles Muñoz.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Planificación Económica,
Arturo Corletto Moreira.

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, por Ley,
Virgilio Madrid Solís.

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Proyecto realizado por:
Asociación Española de la Carretera
proy. TSI-070100-2008-50
financiado por:
Ministerio de Industria Turismo y Comercio
IV Edicin del "Premio Internacional a la Innovacin en Carretera Juan Antonio Fernandez del Campo"