La seguridad vial entra en campaña electoral

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La creación de una especialidad de medicina de emergencia para accidentes de carretera, la corrección de puntos negros por procedimientos de urgencia, mejoras salariales para los agentes de Tráfico o fijar en 16 años la edad mínima para conducir un ciclomotor son sólo algunas de las propuestas de un documento elaborado por la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), la Fundación MAPFRE y la Asociación Española de la Carretera (AEC) con el fin de enviarlo a los partidos políticos para que lo incluyan en sus respectivos programas electorales.

Estas tres entidades, involucradas desde hace años en la mejora de la seguridad vial, se han movilizado ante la inminencia de las Elecciones Generales, previstas para marzo de 2008, y han confeccionado un texto de gran calado técnico, jurídico, social e incluso sanitario, que pretende profundizar en las soluciones al problema de la siniestralidad en carretera.

En total, el informe contiene 30 propuestas que, si no estrictamente novedosas, tampoco son las habituales en los debates políticos. Una de las más importantes por su alcance y consecuencias es la de considerar la seguridad vial como máxima prioridad en la próxima
legislatura, junto a asuntos tan esenciales como el terrorismo, la inmigración, el empleo o la vivienda. Recuerdan los responsables del informe que así ocurrió en Francia hace cinco años, cuando el Presidente Chirac estableció entre sus tres políticas prioritarias la “lucha contra la violencia vial”, dando como resultado un descenso espectacular de las muertes en carretera.

En el apartado institucional, se aboga por la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Vial adscrita a la Vicepresidencia del Gobierno, la cual tendría amplias facultades ejecutivas de coordinación interministerial. Precisamente, la coordinación entre distintos órganos de la administración y entre distintas administraciones es otro de los puntos en los que la propuesta hace mayor hincapié.

En el plano puramente operativo, el informe defiende un replanteamiento profundo de los Planes Nacionales de Seguridad Vial, a fin de que su contenido y los procedimientos para su elaboración y aprobación permitan hacer un seguimiento exhaustivo de los mismos.

Sin presupuesto no hay mejoras
Las entidades firmantes del informe han querido dejar claro que éste no es una simple declaración de intenciones. En este sentido, aseguran que las medidas propuestas sólo pueden hacerse realidad si se acompañan de unos incentivos fiscales o unas dotaciones
presupuestarias específicas, sin las cuales “todo ello se quedaría en una pura declaración programática sin compromiso político”.

Concretamente, se reclama un incremento de las dotaciones presupuestarias para conservación de carreteras hasta alcanzar, a final de la legislatura, un importe equivalente al 2% del valor patrimonial de la red. Del mismo modo, plantean el aumento de las inversiones para cubrir en plazos muy reducidos la corrección de tramos peligrosos o de concentración de accidentes. Y en definitiva, dinero suficiente para dotar de recursos humanos y tecnológicos a todos los organismos competentes en seguridad vial.

Prevención: las auditorias de seguridad vial
Algunas de las medidas que se quieren fomentar son claramente preventivas. Entre ellas, convertir en obligatorias las auditorías de seguridad vial en todos los proyectos de nueva construcción y en aquéllos de conservación que así lo requieran. El valor de estas auditorías reside en que fijan unos criterios óptimos de seguridad desde la fase de planeamiento de la carretera hasta su conclusión y posterior puesta en servicio.

En el ámbito educativo, el texto plantea que en la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía —y como eje transversal en otras asignaturas— los contenidos de seguridad vial se impartan de una forma generalizada, con independencia del espacio que se le dedique en los libros de cada colegio.

El documento elaborado por Aesleme, Fundación MAPFRE y la AEC tiene su origen en las conclusiones del Congreso Internacional de Prevención de Accidentes de Tráfico, que, bajo el título La sociedad civil ante el reto de la seguridad vial, se celebró en Madrid en mayo de
2006.

Estas conclusiones se plasmaron en el llamado Libro verde de la seguridad vial, informe que fue entregado al Presidente del Congreso de los Diputados y, posteriormente, remitido al Presidente del Gobierno de la Nación, a todos los ministros involucrados en seguridad vial, a
los presidentes de las Comunidades Autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a los alcaldes de los principales Ayuntamientos de España.

También se hizo llegar a todos los partidos con representación parlamentaria, ya que si entregó a los representantes de los mismos en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.



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Proyecto realizado por:
Asociación Española de la Carretera
proy. TSI-070100-2008-50
financiado por:
Ministerio de Industria Turismo y Comercio
IV Edicin del "Premio Internacional a la Innovacin en Carretera Juan Antonio Fernandez del Campo"